La Convención de los Derechos del Niño/a, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989 y ratificada por Chile hace veinte años, constituye un punto de inflexión histórica que implica el reconocimiento por parte de los Estados del significado de la niñez para la sociedad no como un valor futuro, sino presente.
Es también un llamado de atención a toda la humanidad para rescatar la esencia y la riqueza que tiene la niñez como base fundacional de toda sociedad atendiendo a que, ciertos valores propios de la niñez, como la transparencia, la solidaridad, la no violencia, el cuidado del ambiente y la posibilidad de generar fantasías y soñar, son esenciales para el colectivo social. Si pudiéramos ir al rescate de éstos, nuestras sociedades podrían ser, sin lugar a dudas, menos violentas, más cohesivas, más solidarias e integradas.
La gran epidemia que hoy nos afecta no está constituida por las infecciones ocasionadas por el virus de la gripe, ni los problemas de salud que aparecen habitualmente en los medios de comunicación, es la injusticia social, la inequidad y exclusión social el peor de los males que nos aquejan. Y este es un tema en que la Convención aporta bases conceptuales y prácticas sobre cómo repensar nuestra sociedad, poniendo a los niños/as en el centro. Su ratificación tiene un carácter vinculante, por lo que muchos países la han incorporado en sus marcos constitucionales o sus normas legislativas. La pregunta es ¿Cómo se asume a la Convención en forma real y práctica?
Derechos del niño/a y su aplicación práctica
La responsabilidad primaria en el cumplimiento de los derechos de la niñez está de parte de los Estados, al incorporar la perspectiva de derechos en sus políticas públicas. El Estado es el promotor, defensor y garante de los derechos de toda la población. Pero también existen corresponsabilidades para su cumplimiento. Cuando hablamos del derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al desarrollo, a la educación o a un ambiente libre de violencia, vemos que existe responsabilidad por parte de las instituciones del sistema educativo y de salud, entre otras, y de las familias en su conjunto para que estos derechos sean asegurados.
Cada niño/a necesita de un entorno familiar protector y afectivo y en ese sentido la familia, en sus distintas formas, se comporta como el núcleo de contención. El primer aspecto relativo a los derechos del niño y la niña por parte de las familias es la necesidad de reconocer a los niños/as como sujetos de derechos. El segundo aspecto es el de reconocer que los derechos son exigibles: nadie puede reclamarlos si no se está informado sobre su existencia.
En cuanto a los profesionales, el Comité de los Derechos del Niño/a de las Naciones Unidas, propone que todos los actores de una sociedad deben incorporar la perspectiva de derechos en sus prácticas profesionales. Se podría asumir que este objetivo se logra simplemente con una formación sobre la temática de derechos, pero no es así. Sabemos que integrar la perspectiva de derechos implica un cambio de posicionamiento ante la vida, o sea, cómo nos pensamos como individuos, como sujetos, como miembros de una familia, como ciudadanos/as. Pensar en una cultura de derechos implica también dejar de lado comportamientos autoritarios y antisociales que, como sabemos, poco contribuyen al desarrollo pleno de niños y niñas.
El hecho de contar con un marco legal que proteja los derechos de la niñez es muy importante, así como los procesos de transformación institucional que implican pasar del modelo de tutela o patronato del Estado, a la doctrina de la protección integral como lo propone el Sistema de Protección Integral de la Infancia Chile Crece Contigo. Ello implica, además, apelar a un cambio en las prácticas profesionales, como acontece, por ejemplo en el ámbito de los servicios de salud.
Nosotros, los médicos, a veces imponemos lo que los niños/as deben hacer sin tomar en consideración lo que opinan o nos quieren transmitir. La Convención nos llama a la reflexión para asumir una actitud democrática y una relación de iguales, porque el niño/a tiene derecho a ser informado sobre lo que le ocurre y, de esa manera, poder colaborar en su pronta mejoría. A veces, desde los servicios de salud, vulneramos el derecho de acceso a las familias a las salas de internación (incluyendo las unidades de cuidados intensivos de pediatría o neonatología). En estos casos, sin saberlo, estamos violando el derecho de todo niño/a a tener una familia. Felizmente, existen experiencias en todo el mundo en donde los servicios de salud permiten la participación activa y permanente de los familiares.
Otro ejemplo lo constituye el juego, plasmado como un derecho en la Convención. Como tal, tiene que asegurarse el ejercicio de este derecho a lo largo de la vida de un niño/a. El derecho al juego es tan importante como una actividad de aprendizaje de las ciencias, o de la producción artística y creativa. No es una actividad de ocio, o una pérdida de tiempo o una alternativa para que los niños/as descarguen sus excesos de energía. Llevado al plano de los servicios de salud, ningún niño/a puede ser privado del derecho a jugar, incluso en aquella situación en donde su salud esté gravemente comprometida.
Avances y desafíos
Desde la promulgación de la Convención se está integrando la temática de los derechos en el discurso y en acciones concretas. Pero este es un tránsito lento, un camino sinuoso, laberíntico, un espacio de tensión. La Convención interpela a los Estados en cuanto a su rol asegurador y garante de los derechos. Y también nos interpela como adultos, porque implica repensarnos en cuanto a nuestro rol como padres.
La integración de la perspectiva de derechos se está dando en forma paulatina, pero va a demandar generaciones hasta que se consolide como base constitutiva y como forma de vida de los países. De hecho, los derechos de la niñez se siguen vulnerando cada día y basta con salir a la calle para comprobar que esto es así y observar cómo muchos niños y niñas de América Latina carecen de una vivienda digna, de educación, de una familia que los contenga, de condiciones básicas para vivir.
Contamos con evidencia empírica a nivel global, que muestra que aquellos países que realizan mayor inversión en políticas destinadas a la infancia, logran romper los círculos de pobreza, de injusticia e inequidad, y que esta situación va aparejada de una reducción progresiva de los niveles de violencia que afectan nuestras sociedades.
La Convención de los Derechos del Niño es, en definitiva, un llamado de atención para aportar lo mejor de nosotros hacia la construcción de las sociedades más justas, sin discriminaciones ni exclusiones de ninguna índole. La Convención nos interpela para volver a nuestras raíces, recordar que todos/as fuimos niños/as y que algo nos pasó en el trayecto de nuestras vidas que hizo que los valores de nuestras infancias se fueran perdiendo, resquebrajando, poco a poco. La Convención es un llamado para el rescate de los valores de la niñez. Como adultos, tenemos la responsabilidad y el deber ético de asegurar un mejor mundo a quienes llegan día a día para habitarlo.
¿Habrá llegado, como sociedad, el momento de reencontrarnos?
